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La Ley de Vivienda ha introducido importantes novedades para los arrendadores, especialmente en lo referente a las llamadas zonas tensionadas. Si eres propietario de una vivienda en alquiler o estás pensando en ponerla en el mercado, es crucial que conozcas las nuevas reglas para evitar sanciones y fijar el precio del alquiler legalmente.
En esta guía te explicamos de forma sencilla qué implica alquilar en una zona tensionada y cómo cumplir con la normativa vigente.
Tabla de contenidos
ToggleUna zona de mercado residencial tensionado es una área geográfica donde el precio del alquiler ha subido por encima del poder adquisitivo de los residentes.
Para que una zona se declare como tensionada, deben cumplirse al menos uno de estos dos requisitos:
Son las Comunidades Autónomas las que pueden solicitar esta declaración al Gobierno y establecer los límites aplicables.
Si tu inmueble se encuentra en una zona tensionada declarada oficialmente, estarás obligado a cumplir ciertas limitaciones legales al fijar el precio del alquiler:
El precio no podrá superar el que tenía el contrato anterior (si lo hubo en los últimos 5 años), salvo en algunos supuestos justificados.
Si se trata de un gran tenedor (más de 10 viviendas o 5 en zonas tensionadas), el precio debe ajustarse a los valores del índice de precios de referencia del alquiler, publicado por el Ministerio de Vivienda.
En el contrato debe constar expresamente que el inmueble se encuentra en zona tensionada, indicando el precio anterior (si aplica) y la justificación del nuevo precio.
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Puedes comprobarlo en el sitio web de la Comunidad Autónoma correspondiente o consultar con tu ayuntamiento. En Cataluña, por ejemplo, ya se han declarado oficialmente decenas de municipios como zonas tensionadas desde marzo de 2024.
En ciertos casos, se permite subir el precio respecto al contrato anterior:
Estas excepciones deben estar justificadas documentalmente en el contrato y cumplir con límites específicos.
El incumplimiento de las condiciones de alquiler en zonas tensionadas puede suponer sanciones de hasta 90.000 €, además de la nulidad de cláusulas abusivas. Por ello es recomendable asesorarse antes de firmar el contrato.
Un abogado experto en arrendamientos urbanos te ayudará a:
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