Los derechos de un detenido en España

En España, cualquier persona detenida por las fuerzas de seguridad cuenta con una serie de derechos fundamentales que garantizan el debido proceso y su integridad física y moral. Conocer estos derechos es fundamental tanto para los ciudadanos como para los profesionales del derecho. En este artículo te explicamos detalladamente cuáles son los derechos de un detenido, cómo se deben aplicar y qué garantías ofrece el sistema legal español.

Tabla de contenidos

¿Qué significa estar detenido en España?

La detención es una medida restrictiva de la libertad adoptada por las fuerzas de seguridad cuando existe la presunción de que una persona ha cometido un delito o ha participado en su comisión. Esta medida no implica culpabilidad, sino que tiene como finalidad garantizar que el sospechoso se encuentre a disposición de las autoridades para la investigación del hecho delictivo.

Situaciones en las que se puede proceder a una detención

La detención puede llevarse a cabo en diversas circunstancias:

In fraganti: Cuando la persona es sorprendida mientras comete el delito.
Por orden judicial: Emitida por un juez en el marco de una investigación judicial.
Por denuncia o indicios razonables: Cuando, tras una investigación policial, existen indicios sólidos que vinculan a una persona con un hecho delictivo.

Diferencia entre detención y arresto

Aunque a menudo se utilizan como sinónimos, hay una distinción legal entre ambos términos:

Detención: Es una privación de libertad temporal y preventiva realizada por las fuerzas de seguridad o por orden de un juez.
Arresto: Suele referirse a una medida de privación de libertad como sanción, generalmente aplicada en el ámbito militar o en procedimientos judiciales específicos.

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Derechos fundamentales de un detenido en España

Cuando una persona es detenida, la ley española establece una serie de derechos que deben ser garantizados desde el primer momento, con el objetivo de proteger su dignidad y asegurar un trato justo. Estos derechos están reconocidos tanto por la Constitución Española como por convenios internacionales ratificados por España, como el Convenio Europeo de Derechos Humanos. A continuación, se detallan los principales derechos de los que dispone un detenido:

#1: Derecho a conocer las razones de la detención

Uno de los primeros derechos de un detenido es ser informado de manera inmediata sobre los motivos de su detención y los hechos que se le imputan. Esta información debe proporcionarse de forma comprensible, sin ambigüedades ni términos técnicos que puedan dificultar su comprensión.

#2: Derecho a la asistencia letrada

Todo detenido tiene derecho a contar con un abogado desde el inicio de su detención, tanto durante el interrogatorio como durante cualquier actuación policial o judicial. Si el detenido no dispone de un abogado propio, se le asignará uno de oficio. Este derecho garantiza que el detenido pueda recibir asesoramiento legal adecuado y proteger su derecho de defensa.

#3: Derecho a comunicarse con familiares o terceros

El detenido tiene derecho a realizar, al menos, una llamada telefónica para informar a un familiar o persona de su confianza sobre su situación. En ciertos casos, como en delitos relacionados con el terrorismo, este derecho puede ser limitado temporalmente bajo supervisión judicial.

#4: Derecho a la integridad física y moral

El Estado está obligado a velar por la seguridad del detenido, garantizando que no sufra malos tratos ni abusos por parte de las fuerzas de seguridad o de terceros. Existen protocolos establecidos para asegurar la protección del detenido durante su custodia.

#5: Derecho a guardar silencio

El detenido tiene derecho a no declarar y a no responder a las preguntas que se le formulen, sin que esto pueda ser interpretado como un indicio de culpabilidad. Este derecho es fundamental para evitar autoincriminaciones y asegurar que cualquier declaración se haga con el debido asesoramiento legal.

Plazos legales de la detención

En España, la detención tiene un carácter temporal y está sujeta a plazos estrictos establecidos por la ley, con el fin de evitar abusos y garantizar los derechos del detenido.

#1: Límite máximo de 72 horas

La Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que una persona detenida no puede permanecer en custodia policial por un tiempo superior a 72 horas. Dentro de este plazo, el detenido debe ser puesto a disposición judicial, momento en el que un juez decidirá si queda en libertad, en libertad con cargos, o si se decreta prisión preventiva.

#2: Excepciones en casos de terrorismo

En situaciones excepcionales, como en los delitos relacionados con el terrorismo, el plazo de detención puede extenderse hasta un máximo de 5 días. Esta prórroga debe ser autorizada por un juez, quien supervisa que se respeten los derechos del detenido durante dicho período.

#3: Supervisión judicial

En todo momento, las actuaciones relacionadas con la detención y los plazos deben ser supervisadas por un juez, garantizando así el cumplimiento de los principios de legalidad y proporcionalidad. Si se vulnera el plazo máximo de detención, se considera una detención ilegal, lo que puede acarrear responsabilidades penales y disciplinarias para las autoridades involucradas.

¿Qué sucede tras la detención?

Tras la detención, el detenido debe ser puesto a disposición judicial en un plazo máximo de 72 horas. Durante la comparecencia ante el juez, se le informan los cargos y se revisan las pruebas, siempre con la asistencia de un abogado. Dependiendo de las circunstancias, el juez puede optar por dejar al detenido en libertad sin cargos, en libertad con cargos bajo ciertas medidas cautelares (como la retirada del pasaporte o comparecencias periódicas), o decretar prisión preventiva en casos graves.

Si no hay indicios suficientes, el caso puede ser archivado. La finalidad de este procedimiento es garantizar tanto los derechos del detenido como el desarrollo correcto de la investigación.

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